01 Sep ¿HA DESCONECTADO EN AGOSTO? EL MINISTRO DE JUSTICIA SÍ
Comienza septiembre, un mes que en cualquier otro año habría supuesto la vuelta a la habilitación de plazos procesales tras el descanso estival de los profesionales jurídicos que no forman parte del funcionariado, en otras palabras: Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. Sin embargo, como bien es sabido, este año el “descanso” se ha limitado al periodo comprendido entre los días uno y diez de agosto (seis días hábiles), declarándose hábil el resto del mes. En estas líneas se va a tratar de hacer un balance de lo que ha supuesto la medida de habilitar el mes de agosto.
Primero, es conveniente hacer un recordatorio que nos da un primer plano del auténtico caos y desbarajuste que vive la justicia española en estos momentos. Agosto ha sido hábil pero no tendría que haberlo sido ya que estamos a la espera de que el Senado tenga a bien volver de sus vacaciones (ya que la enmienda que se aprobó el 21 de julio en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, declarando inhábil el mes de agosto, es puramente testimonial porque el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, no llegará al Senado hasta septiembre).
LOS OPERADORES JURÍDICOS
Por un lado tenemos a los funcionarios (tramitadores, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y Jueces, entre otros) que, en todo su derecho, han estado en su inmensa mayoría disfrutando de sus vacaciones, dejando los Juzgados prácticamente desiertos como si de cualquier otro mes de agosto se tratase y funcionando bajo mínimos. Además, han seguido instrucciones de operar bajo servicios mínimos y organizarse como si de cualquier otro mes de agosto se tratase.
En el otro lado nos encontramos con Procuradores y Abogados que no han podido ni tan siquiera desconectar en los días de agosto que fueron declarados inhábiles ya que han tenido que preparar y estudiar expedientes con vencimientos en el mes de agosto. Mucho se ha publicado y comentado en redes sociales pero ha sido el único colectivo que ha estado trabajando a todos los efectos al mismo tiempo que ha sido testigo directo de que su trabajo no estaba sirviendo para nada, ya que por mucho trabajo que se haya adelantado, por muchos escritos que hayan quedado presentados y por muchos trámites que se hayan evacuado la realidad es que su trabajo ha quedado guardado en un cajón de sastre que no va a ser abierto hasta el mes que hoy comienza. Y, hacer un sacrificio tan grande, quedándonos sin vacaciones y sin conciliación familiar para que no sirva auténticamente de nada duele y enerva.
LAS PARADÓJICAS VACACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA JUAN CARLOS CAMPO
Resulta paradójico como el máximo responsable de la Justicia española (el Ministro de Justicia Juan Carlos Campo) se ha ido de vacaciones a la playa mientras los Procuradores y Abogados de toda España nos hemos quedado sin ellas, me recuerda al dicho “haz lo que yo te diga pero no lo que yo haga”. No contento con ello, hemos tenido que observar como ha concedido entrevistas a diversos medios de comunicación manifestando hechos que a mi parecer no son del todo ciertos. Concretamente, en una entrevista concedida al Diario de Cádiz , expresó que “El impulso modernizador de la Justicia en la pandemia ha sido histórico” cuando en la misma entrevista reconoció que “No podíamos salir de una pandemia en el que se habían cerrado el 95% de los servicios de justicia”, una completa contradicción a la que yo añado que con una Justicia moderna y actualizada donde el teletrabajo se hubiese implantado como ha ocurrido en muchísimas empresas durante la pandemia este porcentaje habría sido ampliamente inferior pero la realidad es que por culpa de la falta de medios (ergo de modernización) la Justicia ha estado completamente paralizada durante los meses de pandemia. ¿Y qué es lo que el Ministro responde cuando es cuestionado por la habilidad de agosto establecida? “Mirar al ciudadano, por el que ha visto sus causas paradas totalmente durante toda la pandemia en una justicia que de por sí va siempre atrasada (…) La ciudadanía no nos lo iba a perdonar” Esto no es otra cosa que una medida populista, de cara a la galería, pensando en el qué dirá la ciudadanía pero ¿acaso sabe ésta la realidad de la justicia durante el mes de agosto? ¿Sabe que la justicia ha estado totalmente paralizada mientras Abogados y Procuradores se han quedado sin vacaciones y que el esfuerzo de éstos no ha servido para nada? ¿Sabe que mientras esto pasaba el Ministro estaba de vacaciones en Zahara de los Atunes (Cádiz), en la playa reunido con el condenado por el “caso ERES” Manuel Chaves y además sin seguir las recomendaciones sanitarias vigentes? Pues seguramente la ciudadanía no sepa nada de esto porque no es lo que interesa, pero a buen seguro sí son conocedores de que la justicia ha sido hábil durante el mes de agosto y esto suena muy bien y es visto como algo positivo para el ciudadano común ajeno a la realidad judicial.
Señor Ministro, a título particular me siento utilizado y engañado por usted, he sido padre recientemente y lejos de conciliar con mi mujer y mi hijo recién nacido he tenido que trabajar y, ¿sabe lo peor de todo?, que no ha servido absolutamente para nada.
REPRESENTANTES DE ABOGADOS Y PROCURADORES
Desde que se aprobó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, hasta la fecha se ha echado en falta una mayor contundencia de nuestros Consejos (Consejo General de Procuradores de España y Consejo General de de la Abogacía Española) que se han limitado, muy livianamente, a criticar la medida pese al gran perjuicio padecido por sus miembros, ¿temen algo? ¿hay intereses ocultos que les hagan decantarse por mantenerse callados en lugar de defender a los colectivos que representan? Desde luego es un tema que da que pensar, y mucho.
Por otra parte, muchos Colegios de Abogados y Procuradores han levantado la voz (entre otros, y por cercanía, me quedo con el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara o el Ilustre Colegio de Procuradores de Córdoba) pero, ¿no tendría más sentido que todos los Colegios hubiesen aunado fuerzas y alzado la voz como si de un único ente se tratase? Otra verdadera lástima, pertenecemos a un Colegio y pagamos nuestra cuota colegial, pero veo que esto no se materializa en una defensa acérrima de nuestras profesiones e intereses. Al igual que me siento engañado y utilizado por el Ministro de Justicia también siento una profunda decepción con la actuación de nuestros representantes cuando hemos sido privados de un derecho tan fundamental como el descanso, ¿cómo habría reaccionado, por poner un ejemplo, el sector del taxi si les hubiesen privado de un derecho fundamental? Por seguro que no como nuestro sector.
¿QUIÉNES VOTARON A FAVOR DE LA HABILIDAD?
No pretendo politizar mis artículos -nunca lo hago-, pero en este no hay más remedio, pues tiene su origen en una medida política que contó con seguidores y detractores. Creo que es importante recordar gracias a quién se ha llegado a esta situación así como quien pretendió lo contrario. El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia se sometió a votación para su convalidación el pasado 13/05/2020 quedando convalidado por 178 votos a favor (120 PSOE, 35 PODEMOS, 13 Grupo Republicano, 6 PNV y 4 Grupo Mixto), 161 en contra (87 PP, 52 VOX, 10 Ciudadanos, 8 Grupo Plural y 4 Grupo Mixto) y 10 abstenciones (5 BILDU, 4 Grupo Plural y 1 Grupo Mixto).
A continuación, me limitaré a citar textualmente diferentes extractos de los intervinientes en el Congreso y que constan en el Diario de Sesiones del día 13/05/2020, saquen sus propias conclusiones:
JUAN CARLOS CAMPO MORENO (PSOE): “Según los cálculos que ha podido realizar el Ministerio de Justicia, las oficinas judiciales habrán realizado durante el periodo de la alarma tan solo el 20 % del trabajo que habrían realizado en circunstancias normales. En consecuencia, cuando el estado de alarma se alce, nos vamos a encontrar con que al volumen de litigiosidad normal se sumará un 80 % del trabajo que ha quedado pospuesto. Y a todo ello se añadirán los asuntos provocados por la crisis (…) Con el objeto de retomar la actividad y poner al día el servicio, después de escuchar a todos los sectores implicados, hemos habilitado de forma absolutamente excepcional y únicamente para este año los días inhábiles del 11 al 31 de agosto. Debo hacer aquí un inciso y aclarar que esta medida es, además de necesaria, un ejemplo de cogobernanza. En primer lugar, porque responde a las propuestas de diversos sectores, incluidas muchísimas comunidades autónomas. Por otra parte, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el propio ministerio, estamos tomando medidas organizativas para implementar esa habilitación excepcional y parcial del mes de agosto, a fin de que sirva para impulsar la actividad sin perjudicar a los profesionales del sector. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial aprobó este pasado lunes unas directrices ordenando que los señalamientos de juicios para agosto sean extraordinarios, y que en todo caso se agenden con anterioridad al 15 de junio. Estas medidas cuentan con el respaldo de los consejos generales de la Abogacía, de la Procura y de los Graduados Sociales, que ayer mismo emitieron comunicados públicos en este sentido. Resultan entendibles, señorías, las quejas realizadas desde algunos sectores sobre esta cuestión, pero no puedo obviar que, del mismo modo que el sector sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el sector de la limpieza o el de la alimentación no han parado para dar debida respuesta a la población durante la crisis, la justicia no puede permitirse reducir su actividad un mes entero, toda vez que ha debido ralentizar su funcionamiento durante mucho tiempo. Señorías, lo diré de forma más clara. Con la que está cayendo es inaceptable instrumentalizar a la abogacía o la procura para criticar este real decreto. Muchos profesionales necesitan trabajar para recuperarse del parón. Otros exponen su legítima pretensión de poder descansar unos días en agosto, que ni desvirtúa ni es incompatible con mantener la actividad en un momento como este. Así lo ponen de manifiesto las directrices que estamos adoptando, junto con el Consejo General del Poder Judicial, y lo han reconocido recientemente muchos colegios de abogados, como los de Cataluña o Andalucía. Pero sobre todo, señorías, no perdamos el foco, que tiene que estar en la ciudadanía. A ella se debe el servicio público de la justicia. En el ámbito de la Administración de Justicia el colapso puede venir una vez alzado el estado de alarma y, al igual que el sistema sanitario ha ampliado sensiblemente el número de camas para hacer frente a la situación, nosotros debemos reforzar nuestras estructuras. Haremos un esfuerzo excepcional en un momento también excepcional. La sociedad no solo lo entiende, sino que nos lo exige.”
JOSÉ MARÍA MAZÓN RAMOS (PRC): ”La polémica que a mí me ha llegado está en el mes de agosto. Entre declararlo hábil a todos los efectos y lo contrario, la solución que se ha adoptado de que los diez primeros días sean inhábiles a mí me parece que compagina muy bien la necesidad de reducir la carga de trabajo que se ha acumulado con la necesidad de vacaciones de algunos colectivos, al igual que con la necesidad de trabajar de otros que no la han podido hacer durante esta pandemia. Agosto todavía está lejos, y yo confío en la capacidad de los jueces, procuradores, fiscales, abogados y funcionarios de conseguir una buena organización. Hay tiempo. Por tanto, el PRC va a estar a favor de la convalidación”.
ALBERT BOTRAN PAHISSA (CUP-PR): “El hecho de que la gestión digital de los expedientes se intente introducir de forma acelerada en una Administración que se caracteriza por usar mecanismos que incluso están desfasados en muchos otros ámbitos de trabajo —en la justicia se continúa usando el fax y ahora se está pidiendo que se realicen una serie de cambios para digitalizar— y la única forma, la verdad, de que eso pueda ser realizable es con una mayor inversión en personal en las administraciones de Justicia. En definitiva, nosotros votaremos que no ―es necesaria esa mayor inversión”.
OSKAR MATUTE GARCÍA DE JALÓN (BILDU): “Usted nos habla de la habilitación de agosto ―uno de los elementos más controvertidos en la esfera pública―, y nosotros creemos que la habilitación de agosto que usted propone choca con la opinión de profesionales, funcionarios, colegios de abogados y jueces, que sugieren que no va a ser efectivo porque colisiona con las vacaciones de los diferentes operadores, lo cual será motivo de inasistencias y, por lo tanto, de posposiciones y nuevos señalamientos. Se puede llegar a obligar también a disfrutar de las vacaciones en otros meses, ya sea julio o septiembre, y se extiende así nuevamente el problema de manera objetiva esta medida, como cuándo se desatascará la Administración de Justicia, por lo que permítannos que dudemos de su oportunidad tal y como está planteado. Nos hablan también de los juicios y la gestión telemática, y seguramente este es el elemento estrella de este real decreto ―al menos nuevamente en el foco público―, pero creemos que falta cultura digital, faltan herramientas digitales, y eso es algo que, como podría ser en otros sectores, no se puede suplir fácilmente, porque el expediente digital, la informatización del sistema de justicia, es un proceso frustrado. Se han invertido ingentes recursos económicos, tecnológicos, organizativos, y a día de hoy sigue siendo un verdadero desastre crónico: un sistema de incompatibilidad de sistemas, salvo alguna excepción; desconexión; deficiente formación de funcionarios, profesionales y usuarios. En definitiva, y en resumen, un despropósito, algo que, como no podía ser de otra manera, ha aflorado durante la pandemia. Las medidas voluntaristas ahora incorporadas no creemos que vayan a resolver el grave retraso digital de la Administración de Justicia, y es verdad que no queremos que se ponga en riesgo a trabajadores y usuarios con la activación presencial ―eso es cierto―, pero apelar a la realización de actos procesales, juicios, comparecencias, declaraciones y/o vistas telemáticas sin especificar medios, sin formación, sin preparación ni cultura digital, como se hace en este decreto, creemos que es más una huida hacia delante que una solución efectiva y real.”
MIKEL LEGARDA URIARTE (PNV): “Se encuentran principalmente las medidas tecnológicas, la transformación digital, el teletrabajo, el acceso remoto al sistema de gestión procesal o a la grabación en sala, los sistemas de comunicaciones electrónicas, las vistas telemáticas, pero que precisan la inversión en herramientas, personal formado, órganos competentes, espacios adecuados y preparados. En definitiva, una gran inversión pública en un texto sin memoria económica y con una vigencia temporal limitada. También es un brindis al sol reclamar ese futuro ya presente cuando la ley de videoconferencia, que era reclamada desde 2011 por la Ley 18/2011, aún no ha visto la luz.”
EDMUNDO BAL FRANCÉS (CIUDADANOS): “Mire, no puede someter al chantaje a los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia pidiendo el sí para su real decreto-ley. En este tema de la desescalada que comenzó ayer, le reconozco la mayor capacidad que he visto en un ministro en toda la democracia: ha enfadado usted a todo el mundo. No se ha quedado nadie sin enfadarse: asociaciones de jueces, de fiscales, de letrados de Administración de Justicia; cinco de las seis asociaciones y sindicatos que representan a los funcionarios al servicio de la Administración pública; colegios de abogados, de procuradores y de graduados sociales. Nadie está de acuerdo con su plan de desescalada. Y dice usted que manteniendo el distanciamiento social incluso ni serán necesarias las mascarillas. Señor ministro, de verdad, de corazón, le invito a que baje de su coche oficial, se venga conmigo a la plaza de Castilla, entremos en cualquier oficina judicial y vea cómo se trabaja en los juzgados, a una distancia muy pequeña y con muchos elementos comunes. (…) Señor ministro, antes del virus la justicia se encontraba ya en colapso, no nos venda ahora el real decreto como el que va a resolver el colapso en la justicia. Diga que estamos en una situación de colapso agravado, eso sí. Ha querido usted dictar un real decreto-ley; no ha llamado a la oposición para negociar. Yo he estado estos días negociando con usted y no ha habido manera de conseguir dos cosas para el mes de agosto, ¿y dice usted que ese real decreto-ley lo ha negociado con consenso? No exagere; con consenso de las comunidades autónomas, sin ningún consenso por parte de los profesionales de la justicia, todos ellos muy descontentos con su real decreto-ley, sobre todo con la habilitación del mes de agosto. (…) Respecto a la habilitación del mes de agosto, el Consejo General de la Abogacía Española, cuando dictó usted el real decreto-ley, dijo que eran medidas ineficaces, contraproducentes y que lesionaban el derecho a la defensa; que iban a provocar el efecto contrario, que iban a colapsar más la justicia. Ya se ha dicho aquí, no se van a poder celebrar vistas en agosto porque va a ser imposible reunir en un juzgado a todos los protagonistas de la justicia de una vista, que ya se le ha olvidado a usted cómo se hace una vista.”
NÉSTOR REGO CANDAMIL (BNG): En todo caso, estamos de acuerdo en que es necesario recuperar el tiempo perdido, pero consideramos que las medidas que se adoptan con esa intención no son las más adecuadas porque, una vez más, vemos que se obvia lo realmente importante, que es la dotación de recursos para llevarlas a la práctica. No se realiza ninguna modificación presupuestaria, ninguna ampliación, ni se prevén más medios materiales técnicos o humanos, y parece evidente que de poco servirá que se amplíen los horarios o se habilite parte del mes de agosto sin más personal que refuerce al actualmente existente. Esto, además de afectar a la conciliación de abogados, abogadas y procuradores, puede hacerlo también a la calidad de la defensa por reducir el tiempo para ello.”
JAUME ALONSO-CUEVILLAS (JpC): “Muy hábilmente ha conseguido usted el consenso en las declaraciones de los presidentes de consejos generales, no de los consejos generales, pero esas medidas no van a servir de nada porque el problema no son los juicios, todos sabemos que no se van a celebrar apenas juicios en agosto, el problema es que, si corren los plazos, los abogados, los profesionales, tienen que estar de guardia, atentos a los señalamientos y a los plazos de los recursos. Ha conseguido esos posicionamientos o esas declaraciones en entrevistas, pero los que así opinan creo que hace muchos años que han abandonado la trinchera, se han acomodado en sus poltronas y no ven la realidad. Le aseguro que la inmensa mayoría de la profesión está radicalmente en contra de estas medidas.”
ENRIQUE SANTIAGO ROMERO (PODEMOS): “Con lo cual, este decreto, sinceramente ―y que sean conscientes todas las fuerzas políticas que están pensando votar en contra―, es imprescindible para salvaguardar la integridad de las personas que acuden a los juzgados, por mucho que contenga medidas que sean perfectibles, que por supuesto que lo son y estamos convencidos de que el ministerio va a seguir trabajando constantemente para que se mejoren.
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA (VOX): “Hay una reacción cuasi unánime de oposición de los profesionales del derecho a la habilitación de los días 11 a 31 de agosto. El Colegio de Abogados de Madrid considera incluso que pudiera ser inconstitucional. Usted dice que no, que esto cuenta con consenso. No es así, como les he dicho aquí, y lo dice el comunicado del Colegio de Abogados de Madrid, que indica que ha prescindido del grupo más numeroso de profesionales del derecho, que es el de los abogados. Y nos dice usted aquí que habla en nombre de todo el sector justicia ―sin preposición: sector justicia―. Yo no sé qué significa esto, pero me da la impresión de que lo que usted ha querido decir no es cierto. La protesta ha dado lugar a una reacción del Consejo General del Poder Judicial, que dice que hay que limitar en lo posible las vistas orales durante el mes de agosto. También se ha explicado. Y hay, además, protestas en los colegios relativas a la necesidad de un calendario”
CARLOS ROJAS GARCÍA (PP): “En cuanto a la vuelta a los juzgados, señoría, es necesaria esa vuelta al trabajo, pero con seguridad, con equipos de protección y dotación económica que no se contemplan en este decreto. Aquí se citan los juicios telemáticos excepto los procedimientos penales graves. Es lógico, puesto que ahí el principio de inmediación tiene que jugar con toda su intensidad, pero las vistas telemáticas han de tener el suficiente soporte técnico y formativo de todos los juzgados de España sin excepción, porque, si no, se va directamente contra el artículo 24 de la Constitución”
A MODO DE CONCLUSIÓN
Resulta incuestionable la completa inutilidad de la medida de habilitación del mes de agosto Sabíamos lo que pasaría y aunque no hacía falta esperar hasta hoy, ya en septiembre, podemos confirmarlo. Los expedientes judiciales siguen paralizados, los Juzgados han estado bajo mínimos durante todo el mes y el trabajo y sacrificio de abogados y procuradores no ha servido absolutamente para nada. En nuestras manos está mantener en el recuerdo a aquéllos que nos han llevado a la presente situación y que los tengamos presentes en nuestra toma de decisiones. Yo, personalmente, no los olvidaré.
Ahora, como cada mes de septiembre, tocará gestionar y tramitar un bombardeo de notificaciones tras el parón estival en el que este año le tenemos que sumar, además, el colapso añadido por los escritos presentados en agosto y que quedaron sin tramitar. Eso sí, de cara al ciudadano agosto ha sido hábil y el impulso modernizador de la justicia en la pandemia ha sido histórico.
¡Gracias, Ministro!
Artículo publicado el 01/09/2020 por el Procurador en Málaga Miguel Gómez Hernández.